Izquierda Unida presentó recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Extremadura contra la adjudicación a PETSA, por parte de la Junta, de 1.230 horas de programación extremeña en Canal Sur.

Con fecha 20 de diciembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese Tribunal ha emitido sentencia que anula dicha adjudicación, que se produjo el pasado 14 de agosto.

IU recurrió alegando que se vulneraban sus derechos fundamentales, amparados por la Constitución, a participar y controlar las emisiones públicas de Canal Sur Extremadura.

Para aclarar el asunto, el Tribunal Superior ha analizado lo que disponen tres leyes en la materia: la que regula el Tercer Canal Autonómico, el Estatuto de Radio y Televisión, y la ley creadora de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales.

A juicio de los magistrados, esas leyes han resultado eludidas mediante el procedimiento elegido por la Junta para poner en marcha las emisiones.

«El respeto al pluralismo político, la garantía de acceso de los grupos políticos y sociales significativos y el control parlamentario constitucionalmente previsto en el artículo 20.3 para los medios de comunicación pública no son compatibles con una adjudicación de un servicio televisivo público a una persona jurídica de capital privado», dice la sentencia.

«Levantar el velo»

Añade que estamos ante un supuesto en el que «se debe levantar el velo, y determinar que lo verdaderamente adjudicado ha sido la gestión de parte de una televisión pública a una empresa privada».

Manuel Cañada, coordinador regional de IU, afirmó que el de ayer era «un día de fiesta para la democracia en Extremadura, porque ha sido derrotada la Extremadura de la prevaricación, atropello y abuso de poder».

«Es el correctivo más grande de Extremadura, en lo jurídico, en los últimos 20 años, el Tribunal Superior ha puesto a la Junta en su sitio».

«La sentencia insiste en que esto no es una televisión pública, sino que es montar con dinero público un aparato de propaganda para las próximas elecciones».

Para el abogado de IU, Manuel Petit, «es el mayor varapalo jurídico que partido alguno podría haberse llevado en la Región, el PSOE ha fabricado un aparato de propaganda para próximas elecciones, con dinero público».

Suspensión de emisiones

Izquierda Unida confía en que, a la vista del fallo judicial, la Junta suspenda las emisiones de Canal Sur, pero si decide presentar recurso y continuar con ellas, la coalición solicitará al Tribunal Superior la ejecución provisional e inmediata de la sentencia, y el corte de las emisiones.

En lo político «como mínimo tiene que dimitir el vicepresidente Sánchez Polo, por su sectarismo e inutilidad», y hay que plantear quién paga los 300 millones de pesetas ya gastados en coches, cámaras, personal y otros medios de la televisión. A juicio de Petit debería abonarlos el PSOE regional.

A pesar de todo IU solicita la apertura rápida de una mesa de negociación para discutir la puesta en marcha de «una verdadera televisión pública, autonómica y democrática».

IU ha felicitado al fiscal jefe de Extremadura, Jorge Sena, por la «valentía» demostrada en el asunto al opinar que la Junta no tenía razón.